A menudo decimos que tenemos que tener los pies en el suelo para ser realistas y para llevar una vida coherente con nuestras posibilidades. Esta expresión, sin embargo, se olvida que para ser realistas y coherentes con el entorno donde vivimos, hay mucha más agua que tierra. El mal llamado Planeta Tierra tiene 361 millones de kilómetros cuadrados de superficie marina, lo que supone aproximadamente un 71% de la superficie total del planeta. Así pues, a pesar de que los humanos tendemos a vivir sobre la tierra, a excepción de los afortunados navegantes, será egoísta por nuestra parte pensar que sólo tenemos que hacer caso a lo que pasa sobre la plataforma continental.

Con los años, sin embargo, hemos pasado de tener un litoral abandonado, sin planificación y lugar idóneo para vertidos incontrolados y otros impactos ambientales, a una situación de máxima explotación urbanística, portuaria y turística. Los mecanismos normativos que han velado por la ordenación y protección de las zonas costeras han venido dados fundamentalmente por España, competente en el litoral de todo el Estado. Tras la ley de costas de 1988, una buena ley pero que no se cumplió, el actual gobierno central impulsó en 2013 una nueva ley de costas con un preámbulo que decía frases como esta: «El litoral es un ecosistema sensible y vulnerable que precisa protección, lograrlo es un Objetivo fundamental de esta reforma. Por eso, la ley refortalece los mecanismos de protección, tanto en super Vertiente preventiva como defensivo«. El problema es que de las palabras no hemos pasado a los hechos, al contrario, esta nueva ley ha ampliado las concesiones a instalaciones litorales que quedaban en el límite de la legalidad y consideró excepcionales lugares como Empuriabrava, permitiendo así que espacios litorales como estos no estén sujetos al dominio público marítimo-terrestre.

Si realmente existiera una voluntad de protección del litoral y del mar, habría lista de espera para la declaración de áreas marinas protegidas. De hecho la lista de espera existe, pero no avanza. En todo el litoral español sólo existe un área marina protegida, la de «El Cachucho» en Cantabria, a pesar de que esta figura de protección existe en España desde el año 2007 con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la Biodiversidad. Sí, desde Madrid, desde Tarragona o desde la Espluga de Francolí miramos hacia el mar, pero de reojo, no sea que nos moje.

Cataluña también se está dotando de sus instrumentos para ordenar y proteger la franja litoral. Aunque hemos dicho que es el Estado Español legislador en esta materia, Cataluña tiene competencias en materia de ordenación. Es por ello que recientemente el Gobierno de la Generalitat ha iniciado los trámites para redactar la nueva Ley de Ordenación del Litoral de Cataluña, la que se quiere fundamentar en una gestión integrada del espacio costero catalán con la Generalitat como administración de referencia y un mayor protagonismo de los ayuntamientos costeros. Las finalidades de esta ley, que aún se encuentra en una fase muy embrionaria, son el desarrollo sostenible de las zonas costeras garantizando la conciliación entre el medio ambiente y los paisajes con el desarrollo económico, social y cultural; poner en valor la preservación de las zonas costero para garantizar un turismo de calidad; y prevenir y / o reducir los efectos de los riesgos naturales y en particular del cambio climático.

Resultan interesantes la figuras de ordenación que promueven a la propuesta de nueva ley catalana, el Plan de ordenación del litoral catalán y el Plan de uso del litoral y las playas. Habrá que ver la distribución competencial, la responsabilidad sobre quien recae, el seguimiento y control, y la disponibilidad de medios para desarrollar esta ordenación. Sin nada de esto, probablemente sería más conveniente quedarnos donde estamos.

Sin duda que este será un proceso legislativo interesante y cargado de intensidad que desde INSTA estamos siguiendo atentamente, participando en los debates y sesiones de participación que se están llevando a cabo en el territorio.

Joan Pons Solé

26 de mayo de 2015