El sistema judicial español y catalán protege suficientemente a la víctima de un delito? En general, la respuesta se centra en el castigo al infractor sin tener en cuenta las necesidades de las víctimas, que pasan a ser un testigo del proceso judicial.
La participación de la víctima en el proceso judicial abre las puertas a considerar que la reparación de un daño no se produce sólo en el marco del proceso penal, sino que se debe tener presente las consecuencias sobre la víctima y sobre la comunidad alrededor.
La voluntad de humanizar más el sistema judicial y tener en cuenta la víctima ha tenido una primera respuesta en la mediación penal. Esta herramienta ayuda a buscar escenarios de consenso para llegar a un acuerdo, pero no siempre tiene presente que la víctima puede necesitar, por ejemplo, establecer un diálogo con el agresor para facilitar la comprensión, o saber si el infractor tiene la voluntad de responsabilizarse del delito, entre otros.
Para responder a estas necesidades aparece una nueva corriente complementario al sistema de justicia tradicional, la justicia restaurativa. Esta alternativa proporciona a las partes involucradas, ya la comunidad cercana, la oportunidad de participar directamente en la resolución de los conflictos y de abordar sus consecuencias con la ayuda de un facilitador.
Esta corriente ha sido introducido por primera vez en la Directiva 2012/29 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de los delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220 / JAI del Consejo.
La transposición de esta directiva se debe realizar antes del 16 de noviembre de 2015. El estado español está realizando los trabajos para integrarla en el ordenamiento jurídico estatal en el marco del proyecto de ley del estatuto jurídico de la víctima del delito.
En el ámbito ambiental, la reparación del daño causado al medio ambiente tiene una base constitucional (art. 45) que debería ofrecer un máximo de garantías para proteger el interés general que es la protección del medio ambiente.
Más allá de los elementos que se tienen en cuenta para la tipificación del delito, los daños en bienes ambientales también afectan al conjunto de la sociedad. Es en este contexto que la justicia restaurativa puede ayudar a dar voz a la comunidad afectada por este daño, ayudar al causante del daño a tomar conciencia de las consecuencias de sus actos ya participar de la restauración del daño causado.
Es de nuestro interés desarrollar las herramientas de justicia restaurativa como instrumento preventivo para abordar los conflictos en el territorio, e intervenir en el momento que se considera que hay riesgo de causar un daño y no cuando ya se ha consumado.